Por Natalia Rótolo

El informe de la organización ambientalista confirmó que el 30 por ciento del territorio nacional tuvo sequías: Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis tuvieron más del 80 por ciento de su superficie afectada. El gobierno de Javier Milei transformó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una subsecretaría y, desde allí, eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y traspasó el Sistema Federal de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad.

Mientras niega el cambio climático, el Gobierno ejecutó recortes en las partidas de la Subsecretaría de Ambiente, la Administración de Parques Nacionales, el Fondo de la Ley de Bosques, el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego que rondan entre el 67 por ciento y el 95 por ciento en términos reales respecto de las partidas de 2023. Para la organización, esto configura “una regresión sin precedentes en la capacidad estatal para planificar, ejecutar y monitorear políticas públicas de protección ambiental”.

En la línea de recortes, también las partidas de promoción de energías renovables y eficiencia energética tuvieron una caída de más de 60 por ciento en términos reales. En esta línea, durante el primer año de la gestión libertaria se cerró el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis). Los combustibles fósiles –según datos oficiales de 2024– representan el 85 por ciento de la oferta energética primaria nacional y consolidan “un modelo energético centrado en la extracción de hidrocarburos, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y nuevos proyectos offshore en el Mar Argentino”, agregó la organización.

El gobierno está incumpliendo con los compromisos internacionales en materia climática en el Acuerdo de París, tratado internacional firmado en 2015 por 196 países con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sustancialmente para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5-2° y financiar a los países en desarrollo para que puedan adaptar su infraestructura a los impactos del cambio climático. Los informes de avance –llamados Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés)– se deben presentar cada cinco años: Argentina presentó el primero en 2016, otro en 2020 y una actualización en 2021. La tercera NDC se debía presentar antes de la primera semana de febrero de 2025, pero la organización destaca que el gobierno sigue debiendo su entrega.

El último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Ingei) se realizó en 2022 y mostró que Argentina estaba lejos de una “trayectoria compatible con sus metas climáticas”, según la FARN. El país emitió 401 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente: el sector energético representó el 50% de las emisiones, seguido por la agricultura y la ganadería con un 25%, cambios de uso de la tierra y silvicultura (13%), tratamiento de residuos (6%) y los procesos industriales (6%). El panorama actual se cree mucho peor.

Extracto del informe de Natalia Rótolo para Página 12

Foto: Maxi Jonas