Por Aldo Martín  –  https://aldomartin.ar/

El debate sobre la fracturación hidráulica, o *fracking*, suele plantearse en términos binarios: a favor o en contra. Sin embargo, una mirada más matizada introduce una variable crucial: el destino de las ganancias. Bajo esta óptica, la valoración ética y política del fracking no sería intrínseca, sino contingente al uso que se dé a los recursos que genera.

Si las enormes ganancias obtenidas mediante esta técnica se destinaran de manera efectiva y transparente a financiar educación, salud pública, programas de asistencia social y, de forma particularmente relevante, la preservación y restauración del medio ambiente, entonces, desde una perspectiva puramente utilitarista y política, su empleo podría llegar a justificarse. En este escenario hipotético, el sacrificio ambiental y los riesgos asumidos por las comunidades locales se transformarían en un «mal menor» a cambio de un bien social mayor y redistributivo. La ecuación sería: daño localizado y controlado a cambio de beneficios colectivos y sostenibles en el tiempo.

Por el contrario, si esas mismas ganancias se destinan a engrosar las arcas del Estado para pagar deuda externa —como ha sucedido o se ha propuesto en casos como el de Argentina—, el balance se invierte. Aquí, los costos ambientales y sociales recaen sobre las poblaciones y los territorios, mientras que los beneficios se diluyen en el pago de obligaciones financieras con acreedores extranjeros. No hay retorno tangible en calidad de vida para la ciudadanía, ni reparación por el daño ecológico. En este contexto, el fracking no solo es ecológicamente cuestionable, sino también políticamente injusto y socialmente perverso. Su uso resulta, entonces, incorrecto.

No obstante, esta argumentación —por tentadora que sea— oculta una pregunta más profunda que mi conclusión intenta desgarrar: ¿el mal deja de ser mal porque se use para un bien? Y, a la inversa, ¿el mal es peor porque se use para otro mal? Mi respuesta es que el mal no justifica ni el bien ni el mal. Es decir, la naturaleza nociva del fracking —contaminación de acuíferos, sismicidad inducida, emisiones de metano, degradación del paisaje— no se transforma mágicamente porque sus frutos se repartan de una u otra manera. Un acto intrínsecamente dañino no se vuelve virtuoso por sus consecuencias afortunadas, del mismo modo que un acto bueno no se vuelve malo por sus resultados imprevistos.

En definitiva, caer en la trampa de justificar el fracking según el destino de las ganancias es aceptar su premisa de fondo: que hay daños que pueden comprarse, territorios que pueden sacrificarse y riesgos que pueden transferirse. Pero la ética no es un mercado. Y si algo es objetivamente perjudicial para el agua que bebemos, la tierra que habitamos y el aire que respiramos, ninguna escuela construida ni hospital financiado podrá borrar ese costo fundamental. La verdadera pregunta no es, entonces, *para qué* se usa el dinero del fracking, sino si tenemos derecho a generar ese dinero de esa manera. Conclusión: El Mal no Justifica el Mal