Por Aldo Martín  –  https://aldomartin.ar/

El plan de Nano Energy: inversión millonaria en la planta de Formosa

La empresa estadounidense Nano Energy presentó ante el gobierno nacional un proyecto de inversión de más de US$ 230 millones para finalizar y poner en operación la Nueva Planta de Uranio (NPU-1) que la estatal Dioxitek tiene en la provincia de Formosa. La obra, iniciada en 2014 con una capacidad prevista de 500 toneladas anuales de dióxido de uranio, quedó paralizada por falta de financiamiento y una planificación que se remonta a 2006.

 Esquema de asociación público-privada

El modelo propuesto es una asociación estratégica entre el Estado y el capital privado:

– Propiedad: Dioxitek mantendría la titularidad de la planta y del terreno, cediendo su uso a una nueva sociedad mediante un usufructo.

– Aporte: Nano Energy aportaría el capital para completar la construcción, la incorporación de equipamiento faltante y la participación en la operación.

– Beneficios fiscales: El proyecto aspira a acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , lo que le garantizaría estabilidad fiscal y jurídica por 30 años.

 Dos etapas productivas

El plan contempla dos fases claramente diferenciadas:

 Etapa –  Producción –  Destino

 Primera  Dióxido de uranio (UO₂)  Abastecer las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse (unas 210-230 toneladas anuales)

 Segunda  Hexafluoruro de uranio (UF₆)  Exportación a mercados internacionales (no se utiliza en los reactores argentinos actuales)

Fuente: elaboración propia en base a datos de Infobae, EconoJournal y BNamericas.

Esta segunda etapa implica un salto cualitativo: Argentina pasaría a producir el compuesto necesario para el enriquecimiento de uranio en el exterior, posicionándose como proveedor global en un contexto de creciente demanda.

 Argentina empezaría a producir hexafluoruro de uranio (UF₆), el compuesto necesario para enriquecer uranio. Es un cambio de escala: pasamos de abastecer tres reactores locales a pensar en exportar.

Privatización de activos nucleares: el expediente abierto de la CNEA

El 4 de mayo de 2026, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aprobó un procedimiento administrativo que habilita el «acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas». Este expediente abre la posibilidad de que empresas privadas (nacionales o extranjeras) soliciten visitar y eventualmente hacerse cargo de activos estratégicos del sector nuclear argentino.

 Activos bajo la mira privatizadora

Según denuncias de la junta interna de ATE CNEA, esta avanzada privatizadora apunta, entre otros, a dos tipos de activos clave:

El reactor de investigación RA-10: Una instalación multipropósito de 30 MWt, actualmente en fase final de construcción (80% completado), cuyo comisionamiento está previsto para 2026.

– Yacimientos de uranio bajo jurisdicción de la CNEA: Entre ellos, Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut).

 Sincronización con la visita de Estados Unidos

El inicio de este expediente coincidió con la llegada al país de una delegación del Departamento de Estado y la autoridad regulatoria nuclear de Estados Unidos, que inspeccionó centros atómicos argentinos. Esta sincronización genera interrogantes sobre el grado de coordinación entre ambos gobiernos en la apertura del sector nuclear argentino al capital extranjero.

  El Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos (agosto 2024)

El actual proceso privatizador se enmarca en un acuerdo más amplio. En agosto de 2024, Argentina rubricó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos sobre minerales críticos, ratificado el 4 de febrero de 2026. Este acuerdo establece un marco de cooperación para la exploración, extracción y procesamiento de minerales estratégicos, entre ellos el uranio.

La conexión con Nano Energy no es casual. La compañía estadounidense ya había firmado en agosto de 2025 un memorando de entendimiento con Dioxitek, y el proyecto tomó forma definitiva durante la Argentina Week en Nueva York, un evento oficial donde funcionarios nacionales promovieron el sector nuclear argentino ante inversores extranjeros.

 El acuerdo con Nano Energy se gestó dentro de un marco más amplio: el memorándum de minerales críticos con EE.UU. de agosto de 2024. Es parte de una misma estrategia de alineamiento con Washington.

 Riesgos y alertas sobre la operación en Formosa

La información proporcionada señala varios puntos críticos que merecen atención:

 Modelo de responsabilidad asimétrica

Según lo detallado, el Estado nacional seguiría siendo dueño del terreno y de las instalaciones (incluidas las que construya Nano Energy), con lo cual todo lo que implique cierre de actividad y remediación ambiental correría por cuenta del Estado. Esto significa que la empresa privada se llevaría los beneficios de la operación rentable, mientras que los pasivos ambientales y los costos de desmantelamiento quedarían en manos del contribuyente argentino.

 Incremento de la peligrosidad

La producción de hexafluoruro de uranio (UF₆) en la planta formoseña representa un aumento significativo en el nivel de riesgo. El UF₆ es un compuesto químico altamente reactivo y tóxico, que requiere estándares de seguridad aún más exigentes que los del dióxido de uranio.

 El antecedente de Córdoba

La referencia a que  en Córdoba, con toda la presión local, Dioxitek hizo lo que se le antojaba alude al historial de la empresa en su planta del barrio Alta Córdoba, donde operó durante años en medio de conflictos vecinales y sin someterse a controles efectivos.

  La opacidad en los procedimientos

El diagnóstico de los usuarios señala un patrón de falta de transparencia en la toma de decisiones nucleares que se repite a lo largo del tiempo:

– CAREM 25: El prototipo de reactor modular argentino se desarrolló sin Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ni audiencia pública.

– Extensión de vida de Atucha I: Se realizó sin audiencia pública. Nucleoeléctrica aseguró tener los fondos para comenzar la extensión de vida de la central, pero el proceso careció de participación ciudadana.

– Extensión de vida de Embalse: En este caso hubo EIA y audiencia pública, pero, según denuncias de organizaciones ambientalistas como la del biólogo Raúl Montenegro, el proceso fue «amañado» y la extensión se declaró ilegal por haberse firmado los contratos antes de contar con los estudios correspondientes.

– RA-10: El reactor multipropósito se construye sin EIA ni audiencia pública, y ahora aparece en la mira de la privatización.

– NPU de Formosa: No hay registros de audiencias públicas ni procesos de consulta a las comunidades locales.

 El patrón es consistente: decisiones unilaterales, sin control ciudadano, sin evaluación de impacto ambiental y con nula participación de las comunidades afectadas. Y ahora, apertura irrestricta al capital extranjero.

 El mapa de intereses: Nano Energy, UrAmerica y el control del ciclo del uranio

La presencia de Nano Energy en Argentina no se limita a la planta de Formosa. La compañía ha venido tejiendo una red de intereses en el país:

 Acuerdo  – Fecha  – Alcance

Memorando con UrAmerica  Julio 2025  Explorar desarrollo estratégico de la cadena de suministro de uranio, incluyendo minería, conversión y suministro de UF₆

 Memorando con Dioxitek  Agosto 2025  Evaluar capacidades técnicas del sector nuclear argentino

 Propuesta de inversión NPU  Abril 2026  US$ 230 millones para finalizar planta de Formosa bajo RIGI

Fuente: elaboración propia en base a World Nuclear News y U-238.

Además, Nano Energy opera en Argentina a través de su filial UrAmerica Argentina SA, que posee licencias completas sobre depósitos de uranio en la Cuenca San Jorge, en la provincia de Chubut.

El propio CEO de Nano Nuclear, James Walker, declaró que «Argentina posee importantes depósitos de metales estratégicos, como uranio, que podrían ser un proveedor estratégico para nosotros en el futuro» , y destacó que el gobierno argentino está «buscando activamente reformar su sector nuclear para atraer inversión internacional».

El objetivo declarado de la empresa es posicionar a Argentina como un «centro regional de tecnología nuclear y un socio confiable en la cadena de suministro para Estados Unidos» , fortaleciendo la seguridad energética estadounidense.

 El rol de Estados Unidos y el RIGI como facilitador

La visita de la delegación del Departamento de Estado y la autoridad regulatoria nuclear de EE.UU. a centros atómicos argentinos refuerza la hipótesis de una coordinación bilateral en la apertura del sector nuclear argentino.

El RIGI, creado a mediados de 2024, es la herramienta legal que permite canalizar estas inversiones con máximos beneficios para el capital extranjero: estabilidad fiscal, jurídica y cambiaria por 30 años, entre otras ventajas. De aprobarse, Nano Energy se convertiría en el primer proyecto del sector nuclear en acogerse al RIGI.

 Antecedentes y contexto histórico

La planta de Dioxitek en Formosa tiene una larga historia de planificación inconclusa:

– 2006: Comienza el diseño de la NPU.

– 2014: Se inicia la construcción, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

– Gestiones de Macri y Alberto Fernández: El proyecto tuvo un avance lento, y según las actuales autoridades, la administración anterior lo dejó «desprovisto de fondos y con deudas acumuladas».

Este prolongado estancamiento es el argumento utilizado por el actual gobierno para justificar la necesidad de inversión privada extranjera.

Por otra parte, la decisión de cancelar el desarrollo de la cuarta central nuclear y el CAREM (el reactor modular argentino) es consistente con una estrategia que prioriza la importación de tecnología y la exportación de materias primas sobre el desarrollo tecnológico endógeno.

  Conclusión

La información presentada dibuja un panorama de transformación profunda del sector nuclear argentino bajo la administración de Javier Milei, con al menos cinco vectores de cambio:

1. Ingreso de capital privado extranjero: La inversión de Nano Energy en la planta de Formosa, bajo el paraguas del RIGI.

2. Apertura a la privatización de activos: El expediente de la CNEA que habilita a empresas privadas a acceder a instalaciones y yacimientos estratégicos.

3. Redefinición del rol del Estado: De operador a socio menor (propietario formal pero sin control efectivo), con una asignación asimétrica de riesgos (los pasivos ambientales quedan en manos del Estado).

4. Alineamiento con Estados Unidos: El memorándum de minerales críticos de agosto de 2024 y la sincronización de la visita de la delegación estadounidense con la apertura del expediente de privatización.

5. Falta de transparencia: Ausencia de audiencias públicas, de EIA y de participación ciudadana en todas las decisiones clave del sector.

Estas decisiones implican una cesión de soberanía tecnológica y energética sin precedentes en la historia nuclear argentina, que desde los años 50 había desarrollado capacidades propias con un alto grado de autonomía (desde el diseño de reactores hasta la producción de combustible).