Por Aldo Martín  –  https://aldomartin.ar/

Hay frases que, por su carga histórica, deberían obligarnos a detenernos antes de aceptarlas sin preguntas.

Una de ellas es la expresión “alianza estratégica con Estados Unidos”, pronunciada ahora desde el área de Defensa argentina en medio de una nueva escalada política alrededor de las Islas Malvinas.

La pregunta no es si Argentina debe tener relaciones estratégicas con Estados Unidos. Naturalmente que puede y debe relacionarse con todas las potencias que considere convenientes.

La verdadera pregunta es otra:

¿Qué garantías concretas puede ofrecer Estados Unidos a la Argentina respecto de Malvinas y del Atlántico Sur, y qué intereses estadounidenses podrían coincidir realmente con los intereses argentinos?

Porque la historia ofrece un antecedente que no puede ser ignorado.

1982: cuando los intereses argentinos y estadounidenses no coincidieron

Durante la guerra de Malvinas, Washington comenzó intentando mediar entre Argentina y el Reino Unido. Sin embargo, cuando fracasaron las negociaciones, la administración de Ronald Reagan terminó apoyando al gobierno de Margaret Thatcher.

La documentación oficial del propio Departamento de Estado norteamericano es inequívoca: Estados Unidos suspendió la ayuda militar y económica a la Argentina y comenzó a apoyar la posición británica. Posteriormente, Washington facilitó material militar y apoyo logístico al Reino Unido.

Por lo tanto, cuando hoy se presenta una alianza estratégica con Estados Unidos como uno de los pilares de la política argentina en el Atlántico Sur, existe una pregunta histórica inevitable:

¿Qué cambió estructuralmente desde 1982 para que los intereses de Washington fueran ahora necesariamente coincidentes con los de Buenos Aires?

La respuesta no puede ser simplemente que Donald Trump hizo declaraciones favorables a la posición argentina.

Las alianzas internacionales no se construyen sobre declaraciones presidenciales. Se construyen sobre intereses permanentes, capacidades militares, acuerdos jurídicos, infraestructura, inteligencia, logística y compromisos que sobreviven a los gobiernos de turno.

El problema del petróleo

La cuestión adquiere otra dimensión cuando aparece el petróleo.

El proyecto Sea Lion, frente a las Malvinas, está actualmente asociado a la israelí Navitas Petroleum y a la británica Rockhopper Exploration. Argentina considera ilegítimas esas actividades porque entiende que se realizan sobre recursos pertenecientes a una zona cuya soberanía reclama. El Gobierno argentino acaba de presentar incluso una denuncia penal contra Navitas y sus responsables.

El proyecto no es simbólico.

Se trata de una operación petrolera de gran magnitud, con una inversión estimada en alrededor de 2.200 millones de dólares, y una producción prevista inicialmente de aproximadamente 50.000 barriles diarios.

Aquí aparece una contradicción que merece ser discutida.

Argentina sostiene que la explotación petrolera británica en Malvinas constituye una violación de sus derechos soberanos.

Pero, al mismo tiempo, intenta atraer enormes inversiones extranjeras mediante el RIGI y desarrolla proyectos energéticos en los que participan capitales internacionales.

Eso no es necesariamente contradictorio en sí mismo. Un país puede recibir inversión extranjera y simultáneamente defender su soberanía.

El problema aparece cuando una empresa vinculada históricamente con actividades hidrocarburíferas en Malvinas puede terminar participando de proyectos beneficiados por el régimen argentino de grandes inversiones.

El caso Premier Oil–Harbour Energy

Aquí conviene ser particularmente precisos.

Premier Oil fue sancionada por Argentina por actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Malvinas. Posteriormente, Premier Oil fue absorbida en una operación empresarial que desembocó en Harbour Energy.

Actualmente Harbour Energy posee una participación del 15% en Southern Energy, proyecto argentino de gas natural licuado incorporado al RIGI. La continuidad societaria entre Premier Oil y Harbour Energy es precisamente uno de los puntos que está siendo cuestionado políticamente.

La cuestión, entonces, no debería formularse simplemente como:

“El Gobierno beneficia a una empresa inglesa sancionada”.

Eso necesita matices jurídicos y societarios.

La pregunta más seria sería:

¿Cómo funciona el régimen de sanciones argentinas frente a las sucesiones, fusiones y transformaciones societarias de empresas que participaron en actividades consideradas ilegítimas en Malvinas?

Porque si una empresa cambia de estructura societaria pero mantiene continuidad económica o corporativa, el Estado necesita establecer claramente dónde termina la responsabilidad anterior y dónde comienza una nueva persona jurídica.

De lo contrario, aparece una paradoja difícil de explicar:

una empresa puede ser considerada sancionable cuando opera en Malvinas, pero su sucesora puede participar de proyectos estratégicos argentinos bajo un régimen de beneficios extraordinarios.

Y después está el oro

Existe otro asunto que merece mucha más transparencia: las reservas de oro del Banco Central.

El Gobierno argentino confirmó que parte del oro fue trasladado al exterior. La explicación oficial sostiene que fue colocado en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza, pero la Auditoría General de la Nación todavía no pudo verificar completamente la información porque el BCRA no habría entregado toda la documentación requerida.

Por eso sería incorrecto afirmar como hecho probado que “todo el oro argentino está en Londres”, el senador Di Tullio sostiene que están en el Banco de Inglaterra.

No está demostrado.

Lo que sí está demostrado es que existe una controversia sobre la localización y custodia de parte de las reservas, y que el Gobierno no ha proporcionado públicamente toda la información necesaria para despejar las dudas.

Y esto adquiere una dimensión política particular cuando, simultáneamente, Argentina vuelve a colocar a Gran Bretaña en el centro de su discurso sobre soberanía.

La pregunta razonable es:

¿Dónde están exactamente nuestras reservas de oro, bajo qué jurisdicción se encuentran, quién tiene la custodia jurídica y qué mecanismos existen para recuperarlas inmediatamente en caso de una crisis internacional?

No es una cuestión ideológica.

Es una cuestión de soberanía financiera.

¿Y la supuesta nueva capacidad militar argentina?

También debemos distinguir entre anunciar una política de defensa y disponer efectivamente de capacidad militar.

El Gobierno ha anunciado una mayor presencia naval en Tierra del Fuego y una política destinada a reforzar la proyección argentina hacia el Atlántico Sur.

Pero una base militar no se construye únicamente con un discurso.

Hace falta presupuesto plurianual, infraestructura, astilleros, mantenimiento, combustible, radares, aeronaves, buques, sistemas de comunicación, inteligencia, defensa aérea, personal especializado y capacidad logística.

Y sobre todo hace falta una política de Estado sostenida durante décadas.

Argentina puede perfectamente decidir recuperar capacidades militares.

Pero eso es muy diferente de anunciar una base y suponer que, por el solo hecho de anunciarla, el país adquiere capacidad estratégica equivalente a la de una potencia que mantiene presencia militar permanente en el Atlántico Sur.

La cuestión central debería ser:

¿Cuánto costará realmente esa infraestructura, de dónde saldrá el dinero y qué capacidades militares concretas podrá proporcionar?

El factor Trump

Aquí aparece quizá el elemento más delicado.

La política exterior estadounidense no es idéntica a la voluntad personal de un presidente.

Trump puede modificar posiciones, hacer declaraciones inesperadas o utilizar una cuestión internacional como instrumento de negociación con otro país.

Eso ya está ocurriendo alrededor de Malvinas.

Estados Unidos mantuvo históricamente una posición compleja: durante mucho tiempo sostuvo formalmente neutralidad sobre la soberanía, pero durante la guerra de 1982 terminó apoyando decididamente al Reino Unido.

Por eso, una declaración favorable de Trump no debería confundirse automáticamente con un cambio estructural de la política estadounidense.

Una cosa es decir:

“Estados Unidos podría revisar su posición”.

Otra muy distinta es comprometerse formalmente con Argentina frente al Reino Unido.

Y existe un dato todavía más importante:

Estados Unidos y el Reino Unido siguen siendo aliados militares históricos.

Por eso sería ingenuo interpretar cualquier declaración circunstancial de Washington como si significara que Estados Unidos está dispuesto a confrontar estratégicamente con Londres por Argentina.

La dimensión electoral

Aquí aparece inevitablemente la cuestión política.

Argentina se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2027. El calendario previsto por la legislación ubica la elección general en octubre de ese año.

Por lo tanto, cualquier gobierno argentino tiene un incentivo político para utilizar símbolos capaces de atravesar las divisiones partidarias.

Y hay pocos símbolos con tanta capacidad de hacerlo como Malvinas.

Una bandera, un discurso presidencial, una referencia a los 649 argentinos muertos, una denuncia contra empresas petroleras, una base naval en Tierra del Fuego y una supuesta nueva posición favorable de Estados Unidos pueden producir una narrativa política muy poderosa:

Argentina vuelve a defender Malvinas y ahora cuenta con el respaldo de Washington.

El problema es que una narrativa política no necesariamente equivale a una estrategia geopolítica.

Una encuesta reciente de Management & Fit citada por El País indicó que el 61,1% de los consultados consideraba que el giro del Gobierno respecto de Malvinas obedecía a conveniencia política.

Eso no demuestra que la política sea electoralista.

Pero demuestra algo igualmente importante:

una parte significativa de la sociedad interpreta el cambio de discurso de esa manera.

La verdadera pregunta

Por eso, más que preguntar si debemos creer o no en una “alianza estratégica con Estados Unidos”, habría que exigir respuestas concretas.

¿Qué compromiso escrito tiene Washington respecto de Malvinas?

¿Qué garantías ofrece Estados Unidos?

¿Existe algún acuerdo militar que obligue a Washington a respaldar a Argentina frente a una eventual crisis con el Reino Unido?

¿Estados Unidos está dispuesto a presionar realmente a Londres?

¿Qué posición tendrá Washington cuando los intereses argentinos choquen con los intereses británicos?

¿Qué empresas participan actualmente de proyectos argentinos bajo el RIGI y cuáles de ellas tienen antecedentes en actividades vinculadas con Malvinas?

¿Dónde están exactamente las reservas de oro argentinas y bajo qué jurisdicción?

¿Cuánto costará la nueva infraestructura militar del Atlántico Sur?

¿De dónde saldrán los recursos?

¿Qué barcos, aviones, radares, submarinos y sistemas de vigilancia tendrá Argentina dentro de cinco o diez años?

Y finalmente:

¿Estamos frente a una verdadera modificación de la estrategia argentina en el Atlántico Sur o frente a una modificación del discurso político?

Malvinas no debería ser una herramienta electoral

La causa Malvinas pertenece a la Argentina mucho más allá de cualquier gobierno.

Por eso precisamente debería quedar fuera de la utilización electoral de corto plazo.

Si existe una nueva estrategia nacional, debe poder demostrarse con hechos: diplomacia, inversión, infraestructura, capacidad militar, inteligencia, desarrollo tecnológico, control marítimo, política energética y presencia efectiva en el Atlántico Sur.

Porque recuperar soberanía no consiste únicamente en pronunciar la palabra Malvinas.

Consiste en construir las capacidades económicas, diplomáticas, tecnológicas y militares necesarias para defender los intereses argentinos durante décadas.

Y allí aparece la pregunta que considero más importante:

¿Estamos construyendo una estrategia nacional de soberanía o estamos construyendo una narrativa política alrededor de la soberanía?

La diferencia entre ambas puede ser enorme.

Y la historia argentina ya demostró, en 1982, el enorme costo que puede tener confundir una decisión política con una verdadera capacidad estratégica.