Por Aldo Martín  –  https://aldomartin.ar/

El programa de gobierno que ha presentado De la Espriella , (43,74 % de los votos, mientras que Cepeda alcanzó el 40,90 %.), tiene similitudes con el de Milei en Argentina o el de Nayib Bukele en El Salvador, otro de sus referentes. Así, al estilo del centroamericano, ofrece radicales estrategias de seguridad de «mano dura». Se comprometió a construir al menos 10 megacárceles en todo el país y a acabar con cualquier diálogo de paz con grupos armados, una de las políticas banderas del actual gobernante, Gustavo Petro.

Ofreció reducir el Estado para disminuir gastos, algo parecido a la ‘motosierra’ de Milei, eliminando ministerios. A eso se le suma su propuesta de una economía libertaria, también coincidiendo con Milei, con reducción de cargas impositivas, desregulaciones y apuestas por la explotación de recursos naturales.

La aparente contradicción reducir el gasto del Estado mientras se construyen megacárceles— no es percibida como tal por el electorado que apoya a figuras como De la Espriella o Milei. Este fenómeno revela claves sociológicas profundas:

# 1. Jerarquización simbólica de funciones estatales

Para estos votantes, no todo gasto público es igual. La construcción de megacárceles no se considera «gasto» en el sentido negativo, sino inversión en seguridad y orden, una función que consideran prioritaria y legítima. En cambio, ministerios, programas sociales o burocracia son vistos como «gasto improductivo» o «clientelismo». Existe una distinción moral entre:

– Estado protector (policía, cárceles, fuerzas armadas) → deseable y fuerte.

– Estado asistencialista (educación, salud, subsidios, ministerios «blandos») → indeseable, asociado a corrupción y paternalismo.

Esta jerarquía explica por qué la «motosierra» no toca a las fuerzas de seguridad.

# 2. El miedo como movilizador electoral

En contextos de alta percepción de inseguridad (Colombia) o crisis económica (Argentina), el castigo al delincuente se convierte en un bien político no negociable. Las megacárceles y el fin de diálogos con grupos armados responden a un imaginario punitivo donde la mano dura es la única vía. El votante acepta la reducción de otras áreas porque el orden se percibe como condición de posibilidad para cualquier otra política.

# 3. Antipolítica y figura del outsider salvador

Tanto De la Espriella como Milei capitalizan el hartazgo hacia la clase política tradicional. Su falta de experiencia no es un déficit, sino prueba de pureza antiélite. Prometer algo «disruptivo» (cárceles + ajuste) funciona como paquete emocional: el votante no evalúa coherencia técnica, sino decisión y audacia. La contradicción desaparece tras la narrativa «contra todo lo establecido».

# 4. El populismo punitivo como amalgama ideológica

La derecha radical actual combina:

– Neoliberalismo económico (para «los empresarios, los que trabajan»).

– Autoritarismo securitario (para «los vagos, los delincuentes»).

Esta síntesis resuena en clases medias y bajas que se sienten víctimas tanto del Estado ineficiente como de la inseguridad. No es contradictorio: el Estado debe ser mínimo para unos (regulaciones, impuestos) pero máximo para otros (cárceles, represión). Se trata de un Estado bifurcado.

# 5. El caso argentino como espejo

Milei mantiene votos a pesar de la recesión porque:

– Su electorado atribuye los costos económicos a «herencia recibida», no a sus políticas.

– La «motosierra» se vive como sacrificio necesario para eliminar privilegios de la «casta».

– La dolarización y la apertura económica se presentan como libertad individual, no como regalo de recursos. La frase «regalar recursos del país» es una lectura de izquierda que su votante no comparte: para ellos, el Estado estaba usurpando recursos que debían estar en manos privadas o del mercado.

# 6. El factor simbólico: el liderazgo «tigre»

El apodo «El Tigre» y la comparación con Bukele operan en el registro de la firmeza masculinizada. En sociedades donde el Estado ha fallado en proveer seguridad (Colombia) o estabilidad económica (Argentina), se vota no por propuestas coherentes sino por la promesa de restauración del orden a cualquier costo. La contradicción se disuelve en el acto de fe hacia el líder.

# Conclusión No hay disonancia para el votante porque la coherencia no es lógica, es narrativa y emocional. El paquete «mano dura + Estado mínimo en lo social» responde a un deseo de orden jerárquico: el castigo para abajo (delincuentes, pobres «vividores») y libertad para arriba (empresarios, clases medias productivas). Mientras la izquierda insiste en coherencia

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