Por Aldo Martín  –  https://aldomartin.ar/

El gobierno de Javier Milei ha presentado un paquete de reformas estructurales que busca un cambio radical en el manejo de las finanzas públicas. El núcleo de este plan es el denominado «grillete fiscal», una regla que, en esencia, busca atar de pies y manos al Estado para impedir que gaste más de lo que ingresa, bajo la amenaza de una paralización parcial si no lo logra.

A continuación, veamos  en qué consisten estas medidas y cuáles son sus potenciales implicancias para la sociedad que financia al Estado con sus impuestos.

El «Grillete Fiscal»: un «shutdown» a la argentina

El «grillete fiscal» es un proyecto de ley que establecería una regla fiscal permanente. Su funcionamiento sería el siguiente:

1. Alarma de déficit: Si el Estado registra un saldo fiscal negativo (déficit) durante varios meses seguidos, se enciende una alarma.
2. Plazo para corregir: El Congreso dispondría de un plazo limitado (se habla de «algunas semanas») para aprobar los ajustes necesarios y devolver las cuentas al equilibrio.
3. Paralización automática («shutdown»): Si el Congreso no logra corregir el déficit en ese plazo, se activaría de forma automática un «shutdown» o cierre parcial del Estado.

¿Qué implica este «shutdown»? Tal como lo describió el propio presidente, se paralizarían las actividades no esenciales del Estado, lo que significa:

• Congelamiento de gastos nuevos.
• No se adjudicarían nuevos contratos.
• No se tomaría nuevo personal.
• Se frenarían las transferencias discrecionales a las provincias.

Además, como un elemento de presión directa sobre la clase política, el presidente, vicepresidente, legisladores, ministros y otros altos funcionarios dejarían de cobrar sus salarios durante todo el tiempo que dure la paralización.

Servicios protegidos: El proyecto aclara que quedarían excluidos de esta paralización los servicios y prestaciones consideradas esenciales, como las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, seguro de desempleo, atención sanitaria, seguridad, defensa nacional y el servicio penitenciario.

La Reforma del Banco Central: el fin del «impuesto inflacionario»

Paralelamente, el gobierno busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con tres ejes principales:

1. Mandato único: Restablecer como misión única y fundamental del BCRA «preservar el valor de la moneda», eliminando otros objetivos como el empleo o el desarrollo económico que se agregaron en 2012. Esto enfoca toda la política del Banco Central en combatir la inflación.
2. Prohibición de financiar al Estado: Prohibir de manera absoluta que el BCRA emita dinero para financiar al gobierno nacional, provincial o municipal, o que compre títulos públicos en el mercado primario.
3. Mayor independencia: Endurecer el procedimiento para remover al presidente y al directorio del BCRA, requiriendo el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, para aislarlo de la presión política.

El gobierno justifica esta reforma argumentando que la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal es la principal causa de la inflación, a la que califica como un «impuesto» que pagan todos los argentinos.

Implicancias para los Contribuyentes: ¿Beneficios o Costos?

Este paquete de reformas tiene el potencial de generar efectos profundos, tanto positivos como negativos, para los ciudadanos que pagan impuestos.

Puntos a Favor (Potenciales Beneficios)

• Fin de la emisión monetaria: Al prohibir que el Banco Central imprima dinero para el Estado, se ataca de raíz una de las causas históricas de la inflación en Argentina. Si tiene éxito, podría traducirse en una estabilidad de precios a largo plazo, protegiendo el poder adquisitivo de los salarios y ahorros.
• Disciplina fiscal forzosa: El «grillete fiscal» obligaría a cualquier gobierno a vivir con lo que recauda, evitando el endeudamiento y el déficit crónico. Esto podría generar confianza en los mercados y atraer inversiones, que son motor de crecimiento económico.
• Castigo a la clase política: La suspensión de sueldos de los altos funcionarios en caso de déficit crea un incentivo directo para que la política gestione con responsabilidad fiscal, alineando sus intereses con los del resto de la sociedad.
• Protección de lo esencial: La medida blinda explícitamente los gastos sociales y de seguridad, buscando que el ajuste no recaiga sobre los más vulnerables.

Puntos en Contra (Posibles Riesgos y Costos)

• Paralización de servicios y obras: El «shutdown» implica detener actividades no esenciales, lo que podría significar la suspensión de obras públicas, demoras en trámites, cierre de dependencias y suspensión de programas oficiales. Esto afecta la calidad de los servicios que el Estado presta a los contribuyentes.
• Ajuste sobre las provincias: El freno a las «transferencias discrecionales a las provincias» es un ajuste significativo que impacta directamente en los presupuestos provinciales, pudiendo afectar servicios públicos en todo el país.
• Riesgo de recesión: Un ajuste fiscal tan abrupto, materializado en un «shutdown», podría contraer aún más la actividad económica, generando desempleo y recesión, lo que a su vez reduce la recaudación y puede hacer el déficit más difícil de corregir.
• Afectación a empleados públicos: Si bien el proyecto protege los salarios de los empleados de servicios esenciales, la paralización de actividades no esenciales podría implicar la suspensión de sueldos o licencias sin goce de sueldo para una parte importante del personal estatal.
• Duda sobre la efectividad: Organizaciones gremiales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya han rechazado la medida, señalando que el ajuste sobre el Estado ya está teniendo consecuencias en el funcionamiento de servicios públicos esenciales. Además, se ha señalado que el 95% del gasto público (jubilaciones, salarios y subsidios) quedaría fuera del alcance del grillete, concentrando el recorte potencial en obras, provincias y el funcionamiento del Estado, lo que podría limitar su efectividad.

Conclusión

El «grillete fiscal» y la reforma del Banco Central representan un experimento de disciplina fiscal sin precedentes en Argentina. Para los contribuyentes, la promesa es clara: poner fin a la inflación y al déficit, protegiendo así el valor de su dinero. Sin embargo, el camino para lograrlo implica asumir el riesgo de una parálisis estatal que podría traducirse en menos obras, peores servicios y un ajuste que, aunque busca no tocar lo esencial, inevitablemente afectará la calidad y el alcance del Estado.

¿La economía argentina puede soportar un ajuste tan drástico sin caer en una recesión que termine por profundizar los problemas que busca solucionar.?

¿Por qué se dice que es el 95%?

Esta cifra surge de un análisis de la propuesta del gobierno, no de una ley escrita. La lógica es la siguiente:

1. El «grillete» solo afecta a una parte del gasto: La ley de «shutdown» propuesta paralizaría las actividades «no esenciales» del Estado y frenaría las transferencias discrecionales a las provincias.
2. Los tres rubros están protegidos: El mismo proyecto aclara que quedarían excluidos de esta paralización los servicios esenciales, mencionando explícitamente las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, atención sanitaria, seguridad, etc.
3. El cálculo de la mayoría: Los analistas que hablan de este 95% argumentan que, si sumamos todo el gasto que el gobierno ya ha declarado como «intocable» (jubilaciones, salarios de empleados públicos y subsidios a servicios como energía y transporte) y lo comparamos con el total del presupuesto, ese grupo de gastos protegidos acapara casi la totalidad del gasto. Por lo tanto, el margen de ajuste real del «grillete» quedaría reducido a un pequeño porcentaje (ese 5% restante).

¿Es una cifra exacta?

No es una cifra oficial ni exacta, sino una estimación de lo que quedaría fuera del alcance de la medida. De hecho, otras fuentes oficiales muestran una composición del gasto diferente:

• El gasto social (más amplio): El presidente Milei mencionó que el «70% del gasto público se va en gasto social de distinto tipo». Esta categoría incluye, además de jubilaciones y salarios, partidas como educación, salud, vivienda y promoción social.
• Desglose en cifras: Un informe de Chequeado mostró que, en 2023, el gasto en servicios sociales representó el 64,76% del gasto público total. En ese mismo informe, se detallaba que las jubilaciones y planes sociales suponían un 45,7% y los salarios públicos un 6,9%.

Conclusión: ¿Qué significa esto para el contribuyente?

La afirmación del «95%» es una forma de decir que el «grillete fiscal» sería una herramienta de ajuste con un alcance muy limitado. En la práctica:

• Lo que se protege: La mayor parte del presupuesto (jubilaciones, sueldos y subsidios) quedaría a salvo del «shutdown».
• Lo que se ajusta: La paralización y el recorte recaerían sobre un pequeño porcentaje del gasto, que incluye obras públicas, gastos de funcionamiento no esenciales, y las transferencias a las provincias.

Por lo tanto, si bien la medida es simbólicamente muy fuerte (al castigar a los funcionarios), su capacidad para corregir un déficit fiscal profundo sería limitada, ya que la gran mayoría del gasto estaría fuera de su alcance. Para un ajuste más profundo, el gobierno necesitaría, inevitablemente, tocar esos tres grandes rubros protegidos.

 ¿Pero tocar esos tres grandes rubros protegidos? cuando ya la jubilaciones en su mayoría están por debajo de la pobreza, sueldos al personal de salud, seguridad y educación son paupérrimos?

La pregunta toca el núcleo del dilema que enfrenta el gobierno: los tres grandes rubros protegidos por el «grillete fiscal» son, al mismo tiempo, los que concentran el gasto y los que ya se encuentran en una situación crítica.

La realidad de los rubros «protegidos»

Algunos datos disponibles:

• Jubilaciones: El haber mínimo de los jubilados se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En julio de 2026, la jubilación mínima era de $411.989, que con el bono de $70.000 llegaba a $481.989, una cifra aún inferior a la Canasta Básica Total (CBT) de $485.030. Para agravar la situación, el bono de $70.000 está congelado desde marzo de 2024, perdiendo constantemente poder adquisitivo frente a la inflación.
• Salarios:
  • Docentes: El salario mínimo nacional para maestros es de **$500.000**, y los gremios rechazaron una oferta del gobierno de aumentarlo a $650.000 por considerarla insuficiente, exigiendo el doble para superar la línea de pobreza. Esta situación llevó a un paro nacional docente el mismo día de su consulta.
  • Personal de Salud y Seguridad: Si bien los salarios de convenio para profesionales de la salud pueden ser más altos (por ejemplo, $1.451.417 para bioquímicos), estos montos no reflejan la realidad de todas las categorías ni del personal de provincias. En el caso de las fuerzas de seguridad, el gobierno optó por otorgar un bono excepcional de $50.000, una medida que, por su carácter de «suma fija» y no bonificable, indica que los salarios de base tampoco se consideran suficientes.

El dilema: ajustar o no ajustar

Esta es la encrucijada:

1. Si no se tocan: El «grillete fiscal» se convierte en una herramienta de ajuste con un alcance muy limitado, el 95% del gasto quedaría fuera de su alcance. Para lograr un equilibrio fiscal profundo, el gobierno necesitaría, inevitablemente, tocar estos tres grandes rubros.
2. Si se tocan: Cualquier intento de reducir el gasto en jubilaciones, salarios o subsidios profundizaría la crisis que ya viven los sectores más vulnerables y los trabajadores del Estado, generando un fuerte descontento social y político, como demuestran los paros y marchas.

En resumen, la pregunta describe con precisión la paradoja central de la política económica actual. El gobierno se encuentra ante la necesidad de ajustar el gasto para cumplir sus metas fiscales, pero los principales rubros a ajustar son los que ya se encuentran en una situación límite para la población que depende de ellos.