Por Aldo Martín  –  https://aldomartin.ar/

¿Es nociva la radiación o efectos de las antenas sobre el humano y medio ambiente?

Cantidad de antenas en las grandes ciudades argentinas

• Hasta fines de 2025 se registraron más de 255 antenas 5G activas en el país, concentradas principalmente en el AMBA (Ciudad de Buenos Aires y alrededores) y en centros urbanos como Córdoba y Rosario. Cronica del Noa
• Para fines de 2024 las operadoras ya habían activado más de 266 sitios 5G distribuidos en 71 ciudades del país, con Personal destacándose como la red 5G más rápida de Argentina, con una velocidad promedio de 432,32 Mbps. InteligenciaargentinaInteligenciaargentina
• Como referencia de escala local: Personal (Telecom) pasó de 240 antenas con 5G «híbrido» a sumar 34 antenas de 5G «puro» solo en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, tras pagar por el espectro licitado. LA NACION
• Pese a estas inversiones (más de 1.000 millones de dólares por operadora en los últimos dos años), la penetración real de 5G apenas ronda el 9%, lo que confirma que la cobertura sigue muy concentrada geográficamente y no es continua a nivel nacional.

Argentina ya tiene antenas 5G encendidas y funcionando, principalmente en el AMBA y grandes ciudades, bajo un esquema de control que reparte responsabilidades entre el Ministerio de Salud (fija el límite de exposición) y el ENACOM (lo hace obligatorio, homologa equipos y mide en el terreno). Sobre esa base regulatoria se apoya la pregunta de fondo que motivó esto: si esa radiación representa o no un riesgo para la salud. Ahí es donde entra la evidencia científica disponible.

Radiación y efectos en la salud

La postura científica internacional, incluida la de la OMS, es consistente y bastante clara en un punto: no hay evidencia causal de daño.

• La OMS señala que, hasta la fecha y tras mucha investigación, no se ha relacionado causalmente ningún efecto adverso para la salud con la exposición a tecnologías inalámbricas, aunque aclara que todavía existen relativamente pocos estudios hechos específicamente en las frecuencias que usa el 5G.

Por precaución, en 2011 la OMS, junto con la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), clasificó toda la radiación de radiofrecuencia (incluidas las señales de celulares) como «posible carcinógeno» (categoría 2B) — la misma categoría que ocupan el café o los pepinillos en vinagre, es decir, evidencia limitada y no  concluyente, no una confirmación de riesgo. Argentina.gob.ar

  Organismos técnicos coinciden en que la exposición a radiaciones no ionizantes de antenas y celulares 4G/5G que cumplen los estándares internacionales no representa un riesgo para la salud, según la OMS, la SCENIHR y la ICNIRP.

•   El mecanismo de interacción conocido es térmico: el principal efecto comprobado de la radiofrecuencia sobre el cuerpo es un leve aumento de temperatura en los tejidos, dentro de los límites regulados. Una revisión de 107 estudios experimentales encontró poca evidencia de efectos sobre la salud como cáncer o problemas reproductivos.

En Argentina hay una división de competencias entre quien fija el límite sanitario y quien lo hace cumplir a nivel técnico y territorial:

Quién fija el límite máximo de exposición

• El Ministerio de Salud de la Nación es el organismo de origen: estableció mediante la Resolución 202/1995 los niveles de máxima exposición poblacional (MEP) para las radiaciones no ionizantes, valores que quedaron por debajo de lo que la OMS recomendaría años más tarde. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Quién lo hace obligatorio para las telecos

• La entonces Secretaría de Comunicaciones tomó ese límite sanitario y lo volvió una obligación técnica: mediante la Resolución 530/2000 dispuso que los límites del Ministerio de Salud son de aplicación obligatoria para todos los sistemas y servicios de comunicaciones radioeléctricos, cubriendo todo el rango de frecuencias entre 100 kHz y 300 GHz en todo el territorio nacional. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresLu4fm

Quién controla y mide en el terreno

• Ese rol regulador y de fiscalización lo tiene hoy el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), que heredó las funciones de la ex Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Fue justamente la CNC la que emitió la Resolución 3690/2004, incorporando esos límites y estableciendo el Protocolo de Medición que se debe aplicar en todo el país para verificar las radiaciones no ionizantes. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Antes de instalar una antena, se exige una evaluación previa de conformidad con los parámetros de la Resolución 202/95, y si las mediciones en el lugar superan los máximos permisibles, se debe seguir midiendo la emisión de la estación hasta resolver el excedente. Argentina.gob.ar
• Desde 2018 también existe una Ventanilla Única que coordina permisos: un sistema que agiliza el otorgamiento de autorizaciones para instalar estructuras soporte de antenas, coordinando a las autoridades nacionales, provinciales, de CABA y municipales. Ente Nacional de Comunicaciones

En síntesis, la cadena de control es:

1. Ministerio de Salud → fija el límite de exposición segura.
2. ENACOM (ex Secretaría de Comunicaciones / CNC) → lo vuelve obligatorio, homologa los equipos y define el protocolo de medición.
3. Municipios y provincias → intervienen en los permisos de emplazamiento físico (por eso, la falta de acuerdo entre operadoras y gobiernos locales es uno de los mayores frenos al despliegue del 5G en el interior del país).

El eslabón débil: la calidad del control municipal

El esquema regulatorio argentino otorga a los municipios un rol clave en la cadena de control: son ellos quienes, en última instancia, otorgan los permisos de emplazamiento físico de las antenas. Sin embargo, ahí radica también el punto más frágil del sistema. La calidad y efectividad de ese control municipal enfrenta al menos cuatro problemas estructurales:

1. Disparidad de criterios y falta de estandarización

No existe un criterio único para la instalación de antenas en todo el país. Cada municipio dicta su propia normativa, lo que genera un mosaico de regulaciones dispares. Mientras algunos municipios prohíben directamente el 5G (Ushuaia, Lehmann, Capilla del Monte, Azul), otros flexibilizan sus ordenanzas para facilitar el despliegue. Esta disparidad no solo frena el desarrollo de la infraestructura, sino que también implica que el nivel de protección para los vecinos dependa del azar geográfico. Como señaló un ejecutivo de Claro, «el desarrollo del 5G no puede quedar atado a la voluntad de cada municipio», una queja que refleja la tensión entre la lógica nacional de despliegue y la autonomía local.

2. Falta de capacidad técnica y de recursos

La fiscalización efectiva de las antenas requiere equipos de medición especializados y personal capacitado para interpretar los protocolos del ENACOM. La mayoría de los municipios del interior, y muchos del conurbano bonaerense, carecen de esos recursos. El control se reduce entonces a una habilitación administrativa —un papel— sin verificación técnica en el terreno. Esto deja un vacío entre lo que dice la norma (los límites de exposición fijados por el Ministerio de Salud) y lo que realmente se mide y controla.

3. Presión del lobby de las telecomunicaciones y cambios normativos discrecionales

Organizaciones vecinales como CORTe (Ciudadanos Organizados para Regular Telecomunicaciones) denuncian un «fuerte lobby de las empresas de telecomunicaciones» para instalar antenas sin las debidas regulaciones. Un ejemplo concreto ocurrió en Gualeguaychú, donde el municipio derogó artículos clave de su ordenanza de antenas: el artículo 15, que prohibía colocarlas en plazas, escuelas y centros de salud; el artículo 17, que impedía el despliegue de 5G hasta contar con estudios científicos concluyentes; y el artículo 18, que exigía barreras arbóreas para mitigar el impacto visual. Los concejales de la oposición denunciaron que la modificación se hizo «sin debate serio» y «de manera inconsulta con la comunidad», dejando a la población «en una situación de mayor vulnerabilidad».

4. Falta de transparencia y participación ciudadana

En múltiples localidades, los vecinos se han enterado de la instalación de una antena cuando ya estaba construida, sin consulta previa ni información oficial. Esto socava la confianza y alimenta las alarmas infundadas. La exigencia de transparencia —copias de trámites, estudios de impacto ambiental, contratos de concesión de espacio público— suele llegar después, a través de pedidos de informes de concejales u organizaciones vecinales, no como un mecanismo preventivo.

En síntesis

El control municipal sobre las antenas 5G en Argentina es, en la práctica, un eslabón débil. La calidad de ese control varía drásticamente según el municipio, condicionada por la falta de recursos técnicos, la disparidad normativa, la presión del lobby de las telecomunicaciones y la escasa transparencia hacia los ciudadanos. Mientras el ENACOM fija las reglas nacionales y el Ministerio de Salud los límites sanitarios, el día a día de la fiscalización queda en manos de gobiernos locales que muchas veces no tienen ni los equipos, ni el personal, ni la voluntad política para hacer cumplir esas reglas. Ese es el verdadero talón de Aquiles del sistema.

A nivel de Ciudad de Buenos Aires en particular, existe además una capa propia por la Ley 123 de Impacto Ambiental, que exige evaluación ambiental específica para la instalación de antenas.

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El otro lado del debate

No todo es consenso total — hay voces científicas minoritarias y movimientos ciudadanos que piden más cautela:

• Algunos investigadores críticos, como Kostoff et al., sostienen que los estudios existentes no están bien diseñados para detectar los efectos adversos más graves y que no consideran adecuadamente la modulación real de la señal ni efectos combinados con otros factores ambientales.
• Movimientos como «STOP 5G» y algunos grupos de científicos y ONG ambientales piden una moratoria en el despliegue del 5G hasta contar con estudios más profundos, y en algunos cantones suizos llegaron a bloquear temporalmente la instalación de antenas por este motivo.
• En Argentina circularon fake news virales (por ejemplo, que el 5G causa «envenenamiento por radiación» o «falta de oxígeno en el cerebro»), desmentidas por Chequeado: no hay evidencia científica concluyente de que el 5G tenga efectos adversos en la salud, y no son las ondas de radio las que «absorben oxígeno» —de hecho es al revés, el oxígeno atenúa la señal.

En resumen

El consenso científico mayoritario y de organismos regulatorios (OMS, ICNIRP, CCARS) es que las antenas 5G, respetando los límites de emisión establecidos, (ver El eslabón débil: la calidad del control municipal, más arriba, pues es quien controla en definitiva esos límites), y si se cumplen esos límites, no representan un riesgo comprobado para la salud. Existe una clasificación de precaución (2B) por falta de estudios de largo plazo específicos en estas frecuencias, y un grupo minoritario de científicos y organizaciones que reclama más investigación antes de descartar por completo los riesgos. Buena parte de las alarmas que circulan en redes (oxígeno, «envenenamiento») son directamente desinformación, no ciencia en disputa. En Argentina, ese equilibrio entre despliegue tecnológico y control sanitario queda en manos del Ministerio de Salud y el ENACOM, que son quienes fijan y fiscalizan esos límites.